La comunidad de Villa Allende rechaza jugada del Concejo Deliberante
Villa Allende, Córdoba: Vecinos rechazan maniobra del Concejo Deliberante y siguen luchando contra el Complejo de Incineración.
VILLA ALLENDE, 21 DE OCTUBRE DE 2004
COMUNICADO DE PRENSA
VECINOS DE VILLA ALLENDE CONTRA LA INCINERACION
LOS VECINOS ORGANIZADOS CONTRA EL INCINERADOR INSTALADO EN EL AREA URBANA RECHAZAN LA ACTITUD DEL CONCEJO DELIBERANTE
Ayer, 20 de octubre, los vecinos de Villa Allende y barrios aledaños de la ciudad de Córdoba, efectuaron la tercera marcha hacia el Concejo Deliberante con el fin de ratificar el compromiso de realización de una mesa de diálogo propuesta por el presidente del cuerpo, Dr. Carlos Paz en una entrevista realizada el miércoles 13.
Dicha mesa de diálogo debía consistir en reunir a las autoridades municipales, concejales, vecinos y, de ser posible, autoridades de aplicación de la Provincia, p ra debatir las medidas necesarias para erradicar el incinerador de residuos patógenos de la empresa CIVA instalado en el área urbana de Villa Allende pero cuyos efectos contaminantes, según el informe de impacto ambiental de la FUNAM y de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, pueden alcanzar un radio de 10 kilómetros. Cabe señalar que la FUNAM es conducida y presidida por el premio Nobel de la Paz alternativo, Dr. Raúl Montenegro, premio otorgado por su trayectoria internacional en defensa del medio ambiente.
Ratificación de la mesa de diálogo.
En la reunión de ayer el presidente del Concejo ratificó a los vecinos que en término de no más de 48 horas los convocaría para debatir medidas e intercambiar información. A la vez dio ingreso a un pedido de audiencia pública que deberá efectuarse próximamente.
La marcha finalizó a las 22 horas sin incidentes con cierta satisfacción de sus promotores a la luz de la actitud de los concejales.
Sorpresa e indignación
Los vecinos se vieron ingratamente sorprendidos en el día de hoy al ver que la municipalidad distribuía una declaración del Concejo Deliberante, fechada 20 de octubre de 2004, en la que afirma que “la empresa CIVA se encuentra habilitada y en buen estado de funcionamiento según lo avala la autoridad de aplicación Agencia Córdoba Ambiente.”
Ante tamaña maniobra entendida como una inequitativa actitud del Concejo que parece proteger los intereses de un particular y no la salud de la comunidad, los vecinos se manifiestan decepcionados y traicionados por dicho cuerpo, que parece renunciar a su propio poder de policía.
Al respecto señalan que dicha declaración se refiere a un solo aspecto de la cuestión porque omite referirse a:
No hace mención de los responsables y criterios utilizados por haber permitido la instalación del incinerador en dos terrenos que, según los planos vigentes, son espacios verdes de propiedad municipal y una calle pública, en plena área urbana y escasos metros de cientos de viviendas de existencia anterior y una escuela. Sorprende aun más a los vecinos que esto haya sucedido cuando la ciudad ha tenido como intendente durante este período a un profesional de la arquitectura y el urbanismo, el Arq. Heriberto Martínez.
Tampoco el informe tiene en cuenta que la Agencia Córdoba Ambiente nunca midió emisiones de dioxinas, furanos, metales pesados y que los datos al respecto fueron provistos por un reciente informe de la empresa a instancias de la propia Agencia. Aunque nadie dice qué sucedió con esas emisiones desde el año l995 hasta el 2004, período en el que no se hicieron mediciones ni controles de ninguna naturaleza. Demostrativo de ello es que en el informe de auditoría del 13 de agosto de 2004 de la misma Agencia, en el punto 8 establece los siguientes requisitos: presentar copia de registro gráfico de temperatura del horno; presentar el monitoreo correspondiente de dioxinas y furanos: certificados de disposición final de cenizas, inscripción en el registro de operadores de incineradores de la provincia. Todo esto delata que sistemáticamente CIVA ha funcionado sin cumplir requisitos elementales de seguridad.
Al respecto los vecinos señalan que ni el Departamento Ejecutivo Municipal, ni el Concejo ni la Agencia Córdoba Ambiente, han aportado las informaciones que se les ha requerido con el fin de demostrar que han efectuado los controles a que obligan las leyes 24.051 de la Nación y la 8.893 de la Provincia, la Carta Orgánica Municipal y la el Tratado de Estocolmo del año 2001.
Los vecinos entienden que tanto al departamento Ejecutivo Municipal como al Concejo Deliberante les cabe una importante responsabilidad en resguardo de su comunidad y que, en lugar de ello, se resisten a revisar medidas que ellos mismos, en complicidad no se sabe con quién, han adoptado a espaldas de los intereses de la población.
