Villa Allende, 10 de agosto de 2005.

Señor Carlos Jornet

Director de la Voz del Interior:

En la edición del lunes 8 de agosto, La Voz del Interior publicó una nota del periodista Sergio Carreras sobre las circunstancias que dieron fundamento primero al cierre precautorio y luego al cierre definitivo del complejo de incineración y de cremación instalado en esta ciudad.

Como padre de una niña de 2 años contaminada con 15 mcg/dl de sangre con plomo, esposo de una mujer contaminada con 20 mcg/dl y como vecino de un enorme grupo de familias que está padeciendo este daño y otros provocados por el hexaclorobenceno no puedo menos que decirle que resulta doloroso leer el tono zumbón con que el periodista encara el tema. Tono zumbón y amarillista que no se compadece con el estilo de ese diario ni con la línea de seriedad y profundidad con que suele encarar estos temas.

No voy a entrar en la defensa de las actuaciones oficiales al respecto. Lo que no es admisible es el sesgo de la nota que aviesamente pretende vincular la preocupación de los vecinos, su movilización y sus reclamos rigurosamente institucionales ante las autoridades nacionales, provinciales y municipales, con los intereses de empresas por el resultado de una licitación.

La nota parece más interesada en un hecho dudoso para el periodista que en señalar que la decisión de cierre se fundamentó en decenas de estudios y análisis sobre las personas, los tanques de agua y el suelo y que la actividad de incineración y cremación ha dejado cientos de personas, principalmente niños, contaminados por varios años sin que sepamos a ciencia cierta las consecuencias a largo plazo.

Si el periodista hubiera efectuado una rigurosa investigación habría tenido contacto con esos casos y, fundamentalmente, con el expediente “Asis Maleh, Alexis Claudio y otros contra Crematorio Villa Allende” radicado en la Fiscalía Anticorrupción, por el cual los vecinos hemos presentado un pedido de investigación penal de lo actuado por los organismos nacionales y provinciales de control ambiental, de la municipalidad y del propio operador por: a) irregularidad en la cesión de terrenos públicos para una actividad privada y de alto riesgo en el medio urbano (el crematorio se instaló sobre terrenos públicos municipales donados para espacios verdes y calles con posterioridad a la instalación de familias en el sector y con posterioridad a que el IPV licitara una obra de 180 viviendas en ese lugar); b) trasgresión a las leyes y normas de procesamiento y transporte de residuos patógenos; c) ocultamiento de información ); d) negligencia en los organismos de regulación y control; etc. etc. todos hechos cometidos a lo largo de más de 12 años de operación de los incineradores, incluyendo los anteriores reclamos y denuncias de los vecinos y de la FUNAM.

Por lo tanto el tema no puede ser tomado con ligereza y suponer que el hecho que irónicamente describe ha sido el único factor determinante de la decisión. Más aun cuando se siguen profundizando las investigaciones ya que, suponemos, la realidad es mucho más seria y perjudicial que lo hasta ahora conocido.

Finalmente, si hay un riesgo de reclamo de indemnizaciones por parte del operador(que parece preocupar al periodista) también lo hay de demandas penales y civiles de los vecinos por el daño infringido sobre la salud y el ambiente.

Tenemos claridad, señor Director, de cuáles son las razones que nos movilizaron, ya que estamos sufriendo sus consecuencias; lo que no tenemos claro cuáles son los intereses y compromisos que movilizan a Carreras, aunque los intuimos con, creo, bastante precisión.

Saludo al señor Director con atenta consideración con deseos de que el diario retome la seria conducta que siempre lo ha destacado en éstas y otras cuestiones.

Juan José Litwin

(Lic. en sociología- vecino del Barrio Pan de Azúcar)

DNI: 4.292.461