Pobladores de Alpuyeca y Tetlama denuncian daños por un tiradero de basura
Cuernavaca, Morelos, México, a 20 de octubre, 2006. Pobladores de Alpuyeca y Tetlama denuncian a las autoridades estatales y municipales por los daños al medio ambiente, a su salud y a sus tierras ocasionados por el tiradero de Tetlama.
Pobladores de Apluyeca y Tetlama denunciaron ante la Procuraduría General de la República a las autoridades estatales y municipales por el daño ambiental ocasionado a sus tierras de cultivo y al río Coatetelco del que dependen para su subsistencia; asimismo se demanda el daño a la salud de los miembros de las comunidades ocasionado por el tiradero a cielo abierto. Por otra parte, grupos ambientalistas y ciudadanos alertan sobre los peligros de la concesión a empresas extranjeras para la incineración de la basura y proponen una solución integral que mantenga el carácter público municipal y se apoye la separación y reciclado que ya están realizando algunos municipios con medidas legislativas que promuevan la responsabilidad del fabricante.
Desde hace más de 30 años, los municipios de Xochitepec, Juitepec, Zacatepec, Temixco y Cuernavaca, han depositado sin control ambiental alguno los residuos sólidos urbanos generados por éstos municipios. Aunque ésta actividad no estaba regulada por las leyes, hace 4 años surgió la Ley General para la Prevención y Manejo Integral de Residuos, la que obliga a las autoridades a llevar a cabo una serie de acciones encaminadas a un mejor manejo de residuos, que en efecto generamos todos. Entre algunas de las obligaciones principales está la reducción de residuos, la reutilización y el reciclaje.
Asimismo, ésta Ley prohíbe expresamente los tiraderos a cielo abierto como es el caso de Tetlamna. Por lo tanto las autoridades del estado, específicamente la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente (CEAMA), debió clausurar definitivamente desde que la Ley entró en vigor, no sólo el tiradero de Tetlama, sino todos los tiraderos a cielo abierto que el estado tiene. Paralelamente a ésta acción debió planear e implementar la realización de las actividades antes mencionadas, así como crear un sistema de disposición final de basura, legal y ambientalmente viable, a través de rellenos sanitarios que cumplieran con ésta Ley, así como con la Norma Oficial Mexicana 083 vigente a partir del 2003.
Como todos sabemos, el Gobierno del Estado y sus diferentes municipios tampoco cumplieron con ésta obligación fundamental en la gestión pública pasada y se dedicó a únicamente a expresar ante los medios que estaba elaborando los estudios ambientales para adecuar su gestión a la Ley y resolver el problema ambiental generado por éstos sitios ilícitos de disposición final. Así podemos observar desde el 2003 una letanía de declaraciones de éstos funcionarios que no se cansaron de repetir que estaban trabajando en el asunto, aceptando que el problema ambiental, social y de salud generado por los tiraderos específicamente por Tetlama, requería urgentemente una solución, la cual nunca se dio.
Ante tal negligencia los pueblos afectados decidieron ejercer mecanismos de presión para obligar a las autoridades a cumplir con la ley. De ésta manera logramos que la CEAMA emitiera un acuerdo legal el 16 de junio del 2006, declarando oficialmente clausurado el tiradero de Tetlama, así como se comprometió a remediar los daños ambientales ocasionados por el tiradero junto con la ayuda de la Universidad Autónoma de México y la vigilancia de los pueblos afectados. Sin embargo, el gobierno nuevamente incumplió los acuerdos no sólo no dejando de depositar basura en el tiradero, sino que además amplió la capacidad de éste talando y desmontando selva baja y mediana caducifolia, propiedad del pueblo de Tetlama sin nuestro permiso, y sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), autoridad facultada para otorgar en todo caso éste cambio de uso de suelo. Por lo cual incurrió en otro delito, también federal, denominado por la Legislación Penal Federal, Cambio de Uso de Suelo Ilegal en Terrenos Forestales, afirmó la abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC, Priscila Bribiesca.
Por todas las acciones y omisiones que lesionaron nuestra salud y medio ambiente, presentamos ante la PGR la denuncia perspectiva, la que solicitamos por la importancia que tiene el caso, sea atraída por la Fiscalía Especializada de Delitos contra el ambiente de la PGR, aseguró la profesora Guadalupe Zayago.
Aunado a esto, en la crisis actual de basura municipal de Cuernavaca, se pretende sacar ventaja por parte de corporaciones que buscan la concesión del tratamiento de la basura. En este contexto, Fernando Bejarano, Coordinador del Centro de Análisis y Acción en Tóxicos y sus Alternativas (CAATA) advirtió de los peligros a la salud y medio ambiente que provocaría aceptar las propuestas que impulsa la empresa estadounidense International Power Group (IPWG) que pretende lograr una concesión de 15 años o más para incinerar la basura urbana e industrial del municipio de Cuernavaca y municipios aledaños, incluso de otros estados, con la promesa de transformar “la basura en energía”; sin embargo, la incineración de residuos municipales provocaría la emisión de metales pesados, y de dioxinas, entre otros contaminantes. “De particular gravedad serían las emisiones de dioxinas pues son contaminantes tóxicos, muy persistentes que se acumulan en las cadenas alimenticias y acaban contaminando alimentos y leche materna, lo cual representa un grave riesgo a la salud y el ambiente” afirmó el experto. Además agregó el gobierno mexicano está obligado a reducir las liberaciones de estos contaminantes y a buscar alternativas para su posible eliminación, según lo establece el Convenio de Estocolmo.
En lugar de la oferta neoliberal por concesionar la basura a una empresa extranjera con tecnologías como la incineración se planteó que “la solución al problema de la basura debe ser integral con metas de reducción en la generación de basura y una adecuada separación, compostaje, reuso y reciclaje, manteniendo su carácter público como lo están haciendo ya municipios como el de Jantetelco” declaró Humberto Ángel Torres de la Asociación Desarrollo Integral Autogestionario quien comentó el interés de otros municipios como Temixco, y Jiutepec por impulsar estas medidas junto con programas de educación y participación comunitarios.
Estas medidas municipales de separación y reciclado en opinión del coordinador de CAATA deben ser complementadas con una legislación estatal que establezca una reducción creciente con metas y plazos precisos en la reducción en la generación de residuos, criterios de compras gubernamentales con material reciclado y con otras medidas que responsabilizan al fabricante de un producto para su rediseño, depósito, y retorno, entre otras acciones, como lo ha hecho recientemente la ciudad de Buenos Aires en enero de 2006, mediante la llamada “Ley Basura Cero”, que prohíbe además la incineración de residuos sólidos urbanos.Disponible aquí
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