La basura tuvo su audiencia
1 de octubre de 2008, Buenos Aires, Argentina: Alejandro Lazo, ADN Ciudad.
Se llevó a cabo la audiencia pública en torno a los nuevos pliegos de licitación para el servicio de recolección de residuos. Participaron 88 organizaciones civiles y sociales y cinco expositores. Hubo incidentes entre cartoneros y personal de seguridad a raíz de un cruce con la diputada Gabriela Cerruti.
Este miércoles tuvo lugar en el Salón Dorado de la Legislatura porteña la audiencia pública sobre los nuevos pliegos de licitación para la concesión del Servicio de Higiene Urbana, que puso fin a una serie de reuniones con vecinos, asociaciones sociales y sindicales y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) para debatir la propuesta enviada por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri.
La Comisión de Obras y Servicios Públicos es cabecera para el tratamiento del proyecto, aunque también intervienen las comisiones de Ecología y Presupuesto y Hacienda.
“El haber realizado esta audiencia es un hecho histórico para esta Legislatura, ya que es la primera vez que se hace uso de la facultad que nos otorga la Constitución. “Como legisladores nos sentimos sumamente orgullosos de haber cumplido con la sociedad, y tener la oportunidad de participar en un tema tan sensible para la sociedad, como lo es la basura”, destacó el presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, Cristian Ritondo (PRO).
El diputado peromacrista agradeció también “la colaboración y labor aportada por los legisladores para lograr mayor consenso” y explicó que con la audiencia “se garantizó el debate abierto y participativo, el acceso a la información y la participación ciudadana, siempre de acuerdo a la normativa vigente”.
Del evento participaron 88 organizaciones sociales y vecinos de la Ciudad, quienes expusieron sobre la iniciativa. Mientras que, como expositores, estuvieron los legisladores Pablo Failde y Gerardo Romagnoli; la titular del INADI, María José Lubertino; el defensor Adjunto del Pueblo, Atilio Alimena; la diputada nacional, Silvana Giudice, y defensora General, Graciela Christe.
La audiencia comenzó a las 10 hs. con la apertura del vicepresidente primero de la Legislatura, Diego Santilli, quien dijo: “Nunca se había convocado a audiencia pública en la Legislatura, que si bien no es obligatorio, para nosotros es importante hacerlo porque es un tema que nos va a ayudar a todos los vecinos de la Ciudad”.
Junto a Ritondo se ubicaron los diputados Sergio Abrevaya (Coalición Cívica), Julián D’Angelo (Partido Socialista), Gabriela Cerruti, Pablo Failde (Frente para la Victoria), Marta Varela, Álvaro González (PRO) y Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires).
La jornada se desarrolló con normalidad excepto cuando cartoneros se enfrentaron con personal de seguridad en la Legislatura porteña. Forcejeos, insultos y trompadas se registraron cuando uno de los cartoneros quiso intervenir en la audiencia y la diputada Cerruti le dijo que debía esperar porque estaba previsto que hablaran más tarde.
Inmediatamente, uno de los cartoneros insultó a Cerruti por lo que intervino personal de seguridad para retirarlos del Salón Dorado.
LAS PRINCIPALES INTERVENCIONES
La dirigente Vilma Ripoll (MST-Nueva Izquierda) expresó: “Ante el mayor contrato privado de la Ciudad, Macri quiere un Estado bobo y el negocio millonario para tres vivos. Por eso hunde al Ente de Higiene Urbana estatal y pretende licitar por diez años, pagar por tonelada y garantizarle a las empresas el 90% del precio aunque baje la cantidad de basura recogida”.
Y agregó: “El proyecto K propone cuatro empresas, a las cuales además les da la propiedad de los residuos secos, lo que excluye aún más a los cartoneros. La única solución seria es que el servicio sea estatal, como es por ejemplo en París. Es la única forma de asegurar una Ciudad limpia, que recicle, entierre y contamine menos e incorpore a los cartoneros con todos los derechos laborales”.
En tanto, Failde sostuvo: “El corazón de este proyecto de ley que impulsa el ministro Juan Pablo Piccardo son los ‘pliegos de bases y condiciones’ del nuevo servicio público de higiene urbana. Allí se evidencia un doble sistema de facturación garantizada (garantiza a las empresas un mínimo de toneladas recolectadas y la no disminución del precio de la limpieza aunque la misma sea de baja calidad), rentabilidad empresaria garantizada, falta de controles de la cantidad de toneladas entregadas por las concesionarias, trato discriminatorio entre zonas de alto impacto y la zona sur (a cargo de la Ciudad) y ausencia de fiscalización y control del Ente Único”.
Y además dijo: “Este pliego es un cachivache, sólo garantiza un excelente negocio para las empresas que no arriesgan nada y obtienen todo. Con esta propuesta el macrismo retrocede cinco años en la política de la disminución en la generación de residuos y da por muerta y enterrada la Ley 1854 de Basura Cero. Macri les entrega a las empresas concesionarias un negocio millonario y no resuelve el problema de la basura”.
Por su parte, el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Ángel Pesce, cuestionó varios aspectos de los pliegos confeccionados para la contratación del servicio. Con respecto a los requisitos para constituirse en oferentes para la presente licitación, Pesce señaló que resulta llamativa la omisión en el pliego el hecho de que todo oferente debe presentar el Certificado Fiscal para contratar que emite la AFIP. “Esta exigencia era condición habitual en todos los pliegos de la Ciudad hasta el presente y esta flexibilidad puede ser la puerta a la incorporación como oferentes a empresas que no se encuentran en condiciones de su obtención, lo cual genera un riesgo de eventuales exigencias futuras contra la administración porteña”, aseguró.
Por otra parte, en lo que refiere a la fiscalización del servicio, el ex funcionario porteño hizo referencia al artículo 48 en el cual se estipula que “el Gobierno de la Ciudad inspeccionará la prestación del servicio y el cumplimiento de las obligaciones y deberes asumidos por la contratista por medio de su autoridad de aplicación, pudiendo hacerlo por administración o por terceros”.
Pesce señaló al respecto: “La experiencia actual referida a los servicios de inspección tercerizados es pobre, se han registrado una muy reducida o nula cantidad de solicitudes de aplicación de penalidades a las empresas prestadoras de los servicios de higiene urbana presentadas por las actuales adjudicatarias de los servicios de inspección”.
Uno de los puntos en los cuales más objeciones deslizó se refiriere a la recolección diferenciada. Según Pesce “esta definición puede traer aparejado algunas posibles consecuencias. Una de ellas, que ya se verifica en la actualidad, es la formalización de situaciones de conflicto de intereses entre los prestatarios del servicio y los recolectores informales. Otra posible es que podrían coexistir en una misma zona de prestación el adjudicatario del servicio de higiene urbana (objeto del presente pliego) y otro operador que retire los residuos reciclables”.
La Fundación Ciudad cuestionó que la nueva licitación excluya a la zona sur -tradicionalmente sometida a servicios públicos de baja calidad- “condenando nuevamente a sus habitantes a un nivel de vida inferior al del resto de la ciudad”.
La presidenta de la Fundación Ciudad, Andreína de Luca de Caraballo, solicitó a la Legislatura que no apruebe el proyecto de ley toda vez que “no se ajusta a las previsiones de las leyes 1854 de gestión integral de residuos y 992 de recuperadores urbanos y establece diferencias en el servicio que no se compadecen con una sociedad democrática”.
En tanto, Greenpeace consideró este miércoles que el pliego para la licitación del nuevo servicio de recolección de residuos sólidos urbanos que impulsa el Gobierno porteño provocará que la ciudad de Buenos Aires “siga siendo uno de los principales contaminadores del conurbano y no cumple con las metas de reciclaje establecidas en la ley vigente de Basura Cero”.
“Aprobar este pliego convertirá a esta Legislatura en responsable de las enfermedades y del daño ambiental que se generará”, sostuvo María Eugenia Testa, coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace. Y añadió: “El pliego está dedicado exclusivamente a la recolección y el enterramiento masivo de residuos sin ninguna diferenciación y no incluye sistema alguno de reciclado o recuperación de residuos sólidos urbanos”.
“El negocio de todas las empresas que participan en el sistema de gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad de Buenos Aires debe ser coherente con los objetivos de la Ley 1854. Es obligación del Gobierno de la Ciudad y de la Legislatura de la Ciudad diseñar un esquema de incentivos y castigos que coloque a las empresas en un rol positivo para el cumplimiento de la Ley”, concluyó Testa.
