Proponen cerrar horno pirolítico en Santa Rosa
2 de octubre de 2008, Santa Rosa, La Pampa, Argentina; El Diario de la Pampa: el concejal del Frepam, Leandro Altolaguirre, dijo que “el municipio debe de inmediato tomar decisiones para proteger a la comunidad de los problemas causados por la contaminación del ambiente, que afectan directamente a la salud y calidad de vida de los ciudadanos”. El edil y ambientalista quiere reflotar un proyecto para cerrar el horno pirolítico que funciona en el Molas.
El Concejal Leandro Altolaguirre en la reunión de la Comisión de Acción Social del Concejo Deliberante, planteó la necesidad de tratar su proyecto por el cual se propone cerrar el Horno Pirolítico y prohibir en toda la jurisdicción municipal, zona urbana, suburbana y rural, la instalación de plantas de incineración de residuos peligrosos, municipales y cualquier otro tipo de residuo, proveniente de este municipio u otra localidad.
Esta iniciativa cuenta con el respaldo de vecinos afectados y perjudicados por su proximidad con dicha planta incineradora, aclaró el concejal. La ordenanza que impulsa Altolaguirre -miembro de la asociación Alihuen- también prohibe el ingreso al municipio de cualquier tipo de residuos originados o generados en otras jurisdicciones, para su tratamiento, procesamiento, almacenamiento o disposición final.
Alternativas
A partir de la fecha de promulgación de la ordenanza, los establecimientos autorizados que utilicen hornos incineradores deberían, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, reemplazarlos por tecnologías alternativas ambientalmente aceptables en el término de un año.
Se prohibe inclusive la contratación por parte de la Municipalidad de Santa Rosa de empresas de incineración instaladas en otras jurisdicciones para el tratamiento de sus residuos. También fija un plazo de 180 días para elaborar en el seno de una Comisión designada para tal fin un Plan para la gestión y manejo de los residuos peligrosos y municipales que priorice la prevención de la generación en la fuente.
En los fundamentos de la iniciativa, Altolaguirre consideró que es función indelegable del Estado impulsar políticas orientadas a la prevención de la contaminación y a la protección de la salud, dada la creciente generación de residuos existe la tendencia a recurrir a la incineración como sistema de tratamiento de los mismos.
También recordó que el 17 de Mayo del 2004 entró en vigencia el Convenio de Estocolmo sobre Compuestos Orgánicos Persistentes. “Argentina es firmante, está comprometida a tomar todas las medidas posibles para la reducción, y cuando sea posible la eliminación, de la generación y liberación de las doce sustancias mencionadas en el convenio, entre ellas las dibenzoparadioxinas y los dibenzofuranos policlorados”, indicó el concejal.
Y añadió que el Convenio de Estocolmo incluye entre las fuentes de producción no intencional de sustancias tóxicas “persistentes” a los incineradores de desechos, incluidos los co-incineradores de desechos municipales, médicos, peligrosos o de lodo local.
Alta toxicidad
Altolaguirre alertó que toda las plantas de incineración liberan desechos al ambiente, ya sea por la emisión de sustancias sin quemar, o bien por la generación de nuevos compuestos formados a partir del proceso.
Y dijo que entre los compuestos formados a partir de este proceso se incluyen las dioxinas y furanos, que tienen alta toxicidad, son bioacumulativos, y permanecen en el ambiente durante períodos prolongados sin degradarse, acumulándose en los organismos vivos, y por consiguiente aumentando en concentración a medida que asciende la cadena alimentaria.
Entre otros daños causados a la salud humana, enumera, estas sustancias provocan alteraciones en el sistema inmunológico, malformaciones congénitas, aumento en la incidencia de diabetes, retraso en el desarrollo, cloracné, y cáncer, y que la propia Organización Mundial de la Salud ha clasificado a la más tóxica de las dioxinas como “cancerígeno humano cierto”.
“Realizar un control riguroso de la industria de la incineración implicaría grandes inversiones en tecnología, que en la actualidad no se pueden afrontar, y que ningún laboratorio de control de emisiones atmosféricas en nuestro país está equipado para medir concentraciones de dioxinas. Esto facilita la instalación discrecional de empresas que operan hornos incineradores sin que exista control real sobre su impacto ambiental y sanitario”, denunció el concejal y ambientalista.
Y añadió que “las comunidades que conviven con los incineradores de residuos se movilizan en forma creciente para denunciar los impactos que estos provocan” y “la contaminación emitida por los incineradores ha sido documentada no sólo en la Argentina sino en una gran cantidad de países del mundo a través de estudios químicos y epidemiológicos y registros audiovisuales”.
Además, recordó que “el transporte de los residuos representa un riesgo para la población y el ambiente, dada la posibilidad de que ocurran accidentes y derrames durante la operación”.
Instituciones del medio como la Asociación Alihuén, la Fundación Chadileuvú, la Asociación de Trabajadores del Estado, vecinos y otros, han manifestado en distintas oportunidades su preocupación y rechazo por la habilitación y funcionamiento del Horno Pirolítico en la periferia del Hospital Lucio Molas.
Ya existen antecedentes de prohibiciones a la incineración en nuestro país en municipios tales como: Buenos Aires, Esquel, Granadero Baigorria, Villa Constitución, Marcos Juárez, Casilda, Coronel Bogado, Capitán Bermúdez entre otros.
