La Argentina ratificó el Convenio de Estocolmo sobre COPs, comprometiéndose ante la comunidad internacional a tomar las medidas necesarias para reducir, y cuando sea posible eliminar, la descarga de una serie de compuestos peligrosos al medio ambiente. A pesar de esto, de la creciente evidencia científica y de los registros producidos por las comunidades afectadas por incineradores que muestran los efectos dañinos de la incineración sobre el medio ambiente y la salud de la población, fronteras adentro siguen proliferando nuevos proyectos para instalar incineradores.

Mientras nuevas plantas de incineración reciben permisos para operar, no existen en la Argentina organismos de control que puedan medir de forma continua las concentraciones de dioxinas emitidas.

Ante estas deficiencias para controlar las emisiones de dioxinas y en vista de los antecedentes del uso de esta tecnología en el país, cada vez son más los municipios y ciudades que prohíben la incineración de residuos.

Sin embargo, muchas autoridades permiten el funcionamiento de plantas de incineración sabiendo de antemano que no podrán controlar sus emisiones más peligrosas, dando a la industria incineradora la impunidad de contaminar el medio ambiente y afectar la calidad de vida de las personas.