La organización ambientalista manifestó su preocupación por la instalación de plantas de gasificación o pirólisis para el tratamiento de residuos en la ciudad de Córdoba, ya que existen pocas experiencias a nivel global y muchas de ellas han fracasado en sus promesas de brindar una solución sustentable para los residuos sólidos urbanos.

“Nos preocupa que el intendente de la ciudad de Córdoba haya viajado a Estados Unidos para confirmar que su plan para gestionar residuos urbanos es la incineración. Se está proponiendo a la sociedad cordobesa una tecnología que no ha sido probada parar tratar la cantidad de residuos domiciliarios que genera por día la capital cordobesa. En Estados Unidos no hay plantas de gasificación, pirólisis o plasma que traten residuos domiciliarios a esa escala”, señaló Lorena Pujó, integrante de la campaña contra la Contaminación de Greenpeace.

La instalación de plantas similares a la que se prevé para Córdoba fue rechazada en países como Estados Unidos, Canadá y Alemania por falta de evidencias que demuestren las ventajas de estos sistemas. Además, como ejemplos recientes, en los últimos meses dejaron de funcionar plantas pilotos en Canadá y el Reino Unido, ya que se comprobó que estaban emitiendo sustancias tóxicas como dioxinas y furanos que afectan a la salud.

“En distintos países existen varios proyectos en estudio, plantas piloto y una intensa campaña por parte de empresas del sector a favor de este tipo de instalaciones, pero la mayor parte de los datos disponibles sobre las ventajas ha sido muy difícil de comprobar”, explicó Pujó. “La mayoría de las plantas de incineración con recuperación de energía, por ejemplo, en Europa, son convencionales, con los perjuicios al ambiente y la salud conocidos”, agregó.

Entre las supuestas ventajas de este tipo de tratamiento, se encontrarían la reducción de las emisiones de sustancias tóxicas, el aumento de la eficiencia energética que contribuye a reducir los gases de efecto invernadero, la reducción de costos, los índices de reciclado más altos y el impacto visual reducido. “Hasta el momento, nada de esto ha sido comprobado en la realidad, más allá de las promociones de las empresas”, aclaró Pujó.

En la actualidad pocas plantas operan comercialmente con residuos urbanos a gran escala, tal como se planea realizar en la capital cordobesa. En Japón se tratan poco más de 100 toneladas por día y en algunas plantas de Europa o Estados Unidos tratan, con tecnologías de pirólisis o gasificación, otro tipo de residuos o insumos como desechos forestales, petróleo o carbón. No hay plantas operando comercialmente con residuos sólidos urbanos (RSU) en Estados Unidos. (1)

Muchas de estas plantas que trataban RSU no lograron superar la etapa de prueba o planta piloto debido a numerosos problemas operativos como explosiones, interrupciones de los sistemas; filtración de gases, corrosión y agrietamientos. A esto se sumó que las emisiones de sustancias tóxicas estaban por encima de los compromisos de las empresas o de los niveles permitidos por la legislación; la eficiencia energética era baja, los costos eran altos y había un fuerte rechazo por parte de las comunidades.

En Argentina, diversos proyectos de incineración fueron frenados debido a que los estudios confirmaron que este proceso emite sustancias tóxicas persistentes al ambiente que afectan la salud; tiene baja eficiencia en términos de recuperación de energía, libera Gases de Efecto Invernadero (GEI) y compite con los programas de reciclaje y de reducción en la generación de desechos.

“La gestión de los residuos municipales debe pensarse en el mediano y largo plazo, adoptando modelos que no afecten el ambiente y la salud de la población. La incineración convencional o por etapas no es la solución a las necesidades energéticas ni a los problemas actuales de gestión de residuos, ya sean basurales a cielo abierto o rellenos sanitarios”, concluyó Pujó.

Para Greenpeace, la solución adecuada en términos sociales, ambientales y económicos, es la formulación de políticas y la implementación de programas de Basura Cero, que apuntan a lograr la reducción y el reciclado de residuos. A esto se debe sumar la sanción de leyes que contemplen el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que determina la responsabilidad de los fabricantes e importadores de diversos productos en todas las etapas de producción hasta el final de su vida útil e impulsa el ecodiseño y el reciclado.
Nota: (1)   Existen diferentes tipos de plantas de gasificación, en todos los casos, el producto final es un gas de síntesis que variará su composición según el insumo que ingrese en el proceso. Algunas plantas tratan carbón o residuos del petróleo. Definitivamente, la energía que se obtiene de estos insumos no puede llamarse ni renovable ni limpia, ya que proviene de hidrocarburos. También hay plantas que gasifican residuos agroforestales, hecho que plantearía expectativas interesantes. Por último, existen muy pocas plantas que realizan la gasificación del material heterogéneo que componen los RSU. En este último caso hay más incógnitas que certezas en cuanto a su viabilidad técnica y ambiental.  

Contrario a la certificación como industria limpia que la propia Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) entregara a dicha empresa, Greenpeace certificó como industria sucia a Ecoltec, planta Apaxco, porque existen evidencias suficientes de que éste es el certificado que realmente merece:

1. Entre diciembre de 2003 y mayo de 2009, los vecinos de Apaxco y Atotonilco reportaron 15 incidentes de malos olores y emisiones tóxicas, resultado del mal manejo de residuos peligrosos. Pese a las peticiones y denuncias ciudadanas, la empresa no tomó medidas para evitarlos, por el contrario, minimizó los reclamos de ciudadanos que han sufrido desmayos, irritación en vías respiratorias, ojos y piel, entre otros efectos debido a las emanaciones.

2. Entre los incidentes más graves destacan tres incendios: en diciembre de 2003, en septiembre de 2007 y en mayo de 2009, así como varias fugas de monómero de acrilato (1). Esta repetición de accidentes graves implica que Ecoltec viola normas técnicas sobre el manejo de residuos peligrosos al mezclar productos incompatibles.

3. Ecoltec ha infringido las leyes ambientales al no cumplir todos los señalamientos de su Manifestación de Impacto Ambiental (por ejemplo, alteró los planos) y al haber obtenido una Licencia Ambiental Única, requisito para su operación, de manera irregular.

 4. La inspección de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) número OF/SDIV/363/2005, de junio de 2005, dice que la empresa: “no registra en las bitácoras de generación y movimientos de entradas y salidas del almacén de residuos peligrosos de agua con aceite, solventes y reactivos varios; no identifica adecuadamente los sólidos impregnados y envases vacíos, falta de características de peligrosidad; [y] ni presenta Plan de Acción Anual según lo requiere el Plan de Prevención de Accidentes”.

 Para denunciar estas irregularidades, activistas de Greenpeace portando máscaras antitóxicos llevaron a las puertas del corporativo Holcim Apasco-Ecoltec un certificado (similar al que recibió como “industria limpia” por parte de la Profepa), en el que se lee el siguiente mensaje:

 “Debido a su mal manejo de residuos peligrosos, a los daños que ha causado al ambiente y a la salud de la gente y a sus pésimos estándares ambientales, Greenpeace otorga a: Ecoltec, planta Apaxco, perteneciente a Cementos Apasco, filial de la transnacional Holcim Apasco, el presente certificado como industria sucia”.

 “Éste es el certificado que en realidad la Profepa debería estar entregándole a Ecoltec. ¿Qué hace la dependencia responsable de perseguir delitos ambientales dándole certificados de industria limpia a corporaciones que lo único que hacen es afectar a las comunidades, contaminar los cuerpos de agua, convertir a los pueblos en receptores de residuos peligrosos? Greenpeace certifica a Ecoltec como industria sucia y lanza desde aquí un llamado a la Profepa a que haga su trabajo e investigue a fondo el irregular estado en que opera Ecoltec y los daños que ha ocasionado y le exige la aplicación de medidas que eviten más afectaciones a la población”, señaló Cecilia Navarro, directora de comunicación de Greenpeace México.

De acuerdo con el portal de la Profepa, el “certificado de industria limpia” busca “incentivar la decisión empresarial para proteger el ambiente en forma integral más allá de la legislación. El objetivo primordial de la auditoría ambiental es la identificación, evaluación y control de los procesos industriales que pudiesen estar operando bajo condiciones de riesgo o provocando contaminación al ambiente, y consiste en la revisión sistemática y exhaustiva de una empresa de bienes o servicios en sus procedimientos y prácticas con la finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de los aspectos tanto normados como los no normados”.

 “Aquí la gran duda es: ¿cómo logró Ecoltec comprobar que sus procesos industriales no son de riesgo y no provocan contaminación, o bien, cómo es esa sistemática y exhaustiva auditoría que lleva a cabo Profepa que permite a industrias sucias y dañinas operar sin hacerse cargo de sus impactos y hasta las certifica? ¿cómo le hace para no detectar lo evidente? Definitivamente, esto es una prueba de por qué necesitamos una ley de responsabilidad ante el daño ambiental”, abundó Navarro.

Hasta ahora industrias como Apasco y su subsidiaria Ecoltec han aprovechado la debilidad de las autoridades ambientales y han influido para que se incrementen los permisos para que los hornos cementeros utilicen residuos peligrosos como combustible,  con el argumento de que es una práctica ambientalmente sustentable cuando el único objetivo es bajar sus costos sin importar los daños ambientales y las afectaciones a la salud.

Lanzan ciberacción: Profepa: haz tu trabajo

Junto con esta pacífica demostración, Greenpeace lanzó una ciberacción dirigida al procurador del ambiente, Patricio Patrón Laviada, en la que le pide acatar su mandato de proteger al ambiente y dar respuesta a la denuncia interpuesta por la comunidad para denunciar el mal desempeño ambiental de Ecoltec y las afectaciones de salud que ha causado.

“Avalar el maquillaje verde de las empresas no es la tarea de la Profepa. Invitamos a la ciudadanía a escribirle directamente al procurador Patricio Patrón Laviada, a través de la página www.greenpeace.org.mx, para exigirle que cumpla con su responsabilidad. Hay que señalarle a este funcionario,  de forma respetuosa pero firme, que haga su trabajo e investigue a fondo el irregular estado de Ecoltec, los daños que ha ocasionado y que la salud y el ambiente son primero, y los intereses particulares no tienen cabida en su función”, señaló Navarro.

Notas:

1 El monómero de acrilato es un residuo peligroso generado por las industrias químicas y de pinturas; es un solvente muy flamable, con fuertes propiedades irritantes para piel y mucosas que ocasiona cuadros de intoxicación aguda en las vías respiratorias.

Para mayor información comunicarse con Angélica Simón a los teléfonos 56 87 95 95 ext.115 o al 044 55 3225 1714; al correo asimon@greenpeace.org o en la página www.greenpeace.org.

Desde las 3 de la mañana de este miércoles, la población de Las Trojes I se congregó para iniciar la reparación de la carretera, sin embargo, personal de Cementos Progreso impidió que iniciaran las actividades, lo que ha molestado a los pobladores, informaron los líderes comunitarios Cornelio Subuyuj Camey y Elio Coloma.

Los empleados de la cementera bloquean el trabajo de la comunidad, aduciendo que la empresa reparará la vía, sin embargo esta es una estrategia para dividir y confrontar a las poblaciones de San Juan Sacatepéquez, que se oponen a la actividad de esa compañía, que está destruyendo la Madre Naturaleza.

Los trabajadores de Cementos Progreso han llegado a la carretera con armas de fuego y machetes, apoyados por personas de otras aldeas, que nada tienen que ver con la reparación del camino, dijo Coloma.

Los comunitarios de Las Trojes I pidieron a temprana hora de hoy la presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para mediar y pedir el retiro de la maquinaria de la empresa, sin embargo los delegados se presentaron, pero sólo dialogaron con personeros de la compañía y no se dirigieron a los campesinos afectados.

La actitud de la PDH pone en entredicho su papel como defensor del pueblo, pues únicamente escuchó a la cementera y no a los afectados, que en este caso son los campesinos y campesinas, que todos los años reparan el camino con recursos propios, pero que ahora están siendo agredidos, expresaron Subuyuj y Coloma.

La población que está siendo provocada por los trabajadores de Cementos Progreso se encuentra concentrada y urge la presencia de autoridades, la PDH y otros observadores y demandan el despeje del camino, para que se pueda realizar los trabajos de la reparación.

Ixim Ulew, 2 de junio de 2010

Comunicación

WAQIB´KEJ

www.waqib-kej.org

Tel: 4234-9754, 2438-1424 ext.20

Fax: 24349500

“Reciclagem: Metodologias para os Resíduos e a Inclusão Social”

Acreditamos que a reflexão sobre as metodologias sustentáveis no manejo dos resíduos são fundamentais, principalmente para garantir a inclusão dos catadores e catadoras que trabalham na coleta seletiva.

Divulguem e Compareçam!

Atenciosamente,

Projeto Coleta Seletiva Brasil-Canadá (PSWM)

Ver anexo com programa

Desde hace 17 años, la comunidad de Marcos Paz viene exigiendo el cierre definitivo del incinerador de residuos peligrosos , que ya fue declarado “empresa no grata” por el municipio.

Escuchar el audio de las declaraciones de Scioli:

http://marcospaz.com.ar/?p=9897

La Coalición Ciudadana Anti-Incineración, que agrupa a cientos de personas y organizaciones de Argentina en la lucha contra la incineración de residuos, envió esta mañana una carta al Ministro de Ambiente y Espacio Público de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, en respuesta a la información difundida por los medios de comunicación, sobre la intención del gobierno de la ciudad de instalar hornos de incineración por plasma para quemar los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Buenos Aires.

En la carta, la Coalición le recuerda al Ministro que el método de tratamiento por arco o antorcha de plasma es una tecnología de incineración, según lo entienden también la Unión Europea y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y que la incineración de residuos sólidos urbanos está prohibida por la ley Basura Cero (Nº 1854), que paradójicamente fue votada por el propio Ministro Santilli, quien era entonces diputado de la ciudad.

“La incineración por plasma tiene niveles de emisión de sustancias tóxicas similares a las plantas convencionales de incineración. La bibliografía indica que los incineradores por plasma emiten dioxinas y furanos, mercurio, Compuestos Orgánicos Volátiles, dióxido de azufre, monóxido de carbono, material particulado y CO2, entre otras sustancias nocivas para la salud y el ambiente. Esta tecnología tiene el agravante de registrar antecedentes nefastos en muchas de las plantas que operan en otros países, no ser una tecnología probada a gran escala y a nivel comercial, no disponer de ningún antecedente para el tratamiento de residuos en el país, requerir un alto consumo energético y ser sumamente costosa,” informa la Coalición Anti-Incineración en su carta.

Por otro lado, la Coalición recordó al Ministro que uno de los motivos que llevaron a prohibir la incineración de residuos en la ciudad de Buenos Aires es que compite con el reciclaje y el compostaje.  Cerrar la puerta a la incineración permite que se desarrollen los asociaciones, empresas, circuitos y mercados para los productos obtenidos de reciclaje, compostaje y reutilización de recursos, garantizando que todos los materiales que pueden ser reinsertados en los circuitos productivos o reutilizados en los ciclos naturales de manera segura realmente sean aprovechados, y se consolide una tendencia hacia la minimización y la recuperación de recursos. Es decir, permite que se consolide la tendencia hacia Basura Cero.

Por último, la Coalición le dijo al Ministro “Esperamos que en lugar de retroceder décadas en el manejo de residuos instalando tecnologías contaminantes y derrochadoras, ponga en marcha las medidas que la ley estipula para separar los residuos en origen, reutilizar, reciclar, compostar y minimizar su generación.”

La Coalición Ciudadana Anti-Incineración lucha por la erradicación de la incineración de residuos y en favor de estrategias alternativas de manejo y tratamiento. En sus años de lucha, ha documentado y dado cuenta de los problemas severos que provoca esta tecnología en el ambiente y la salud humana.

Ver Carta

Más información sobre la Coalición Ciudadana Anti-Incineración www.noalaincineracion.org/argentina

“Queremos dar el ejemplo ” señalo la vecina Verónica Ferrer. “Pagar con nuestra salud por 28 años de basura ajena es una injusticia. Pero además de protestar, buscamos soluciones. Esto es un punto de partida. Ojalá se repita en otros lugares”.

El predio de disposición final al que va la basura de Bouwer queda en su propia jurisdicción (Potrero del Estado), a 3 mil metros del pueblo, pero es administrado por la ciudad de Córdoba, que envía diariamente 2.500 toneladas de desperdicios. Luego de 28 años de recibir basura, acumulada en 9 fosas y una enorme montaña que emana olores nauseabundos, los habitantes de Bouwer iniciaron una intensa protesta que consiguió que el próximo 1º de Abril cierre definitivamente el vertedero de residuos.

La iniciativa, resultado del espuerzo conjunto entre la comuna de Bouwer, la agrupación vecinal Bouwer Sin Basura y FUNAM, se lanza dos semanas antes de concretarse el reclamado cierre definitivo del vertedero que la ciudad de Crórdoba administra en la localidad de Bouwer.

“Sabemos que prentendían operar el basural hasta el 2017, pero cerrá el próximo 1 º de Abril gracias al trabajo de todos. Así nos evitamos 7 años más de basura en los que se hubieran acumulado más desperdicios que en los últimos 20 años”, destacó hoy Juan Lupi, jefe comunal de Bouwer, en el acto de lanzamiento del Programa Comunitario de Reciclaje.

Integrantes de Bouwer Sin Basura sintetizaron los últimos dos años de lucha vecinal y los logros obtenidos. Luego explicaron la utilización de los contenedores para la disposición diferenciada de residuos inorgánicos. Alumnos del Jardin de Infantes y la escuela Florentino Fransisco Bustos inaguraron los contentedores con materiales de descarte. Precisamente en ese lugar se instalaron tres “campanas” de tres colores donde depositar elementos secos: amarillo para plásticos, verde para vidrios y azul para papeles y cartones.

El Dr Raul Montenegro, presidente de FUNAM, recordó que la montaña de basura ubicada en Potrero del Estado “tiene unos 40 metros de altura y otros 17 metros de profundidad, 800 metros de largo y 350 de ancho. Desde ese lugar , que se trnasformó en emblema de lucha de los vecinos, se desprenden olores nauseabundos además de gases tóxicos y cancerígenos”.

Para Mayor información:

Juan Lupi, Jefe comunal de Bouwer, Tel: 0351-155 103490

Verónica Ferrer, Vecina de Bouwer, Tel: 0351-152 425 675

Daniela Arce, Vecina de Bouwer, Tel: 0351-153 249 784

Mónica Rescala, Vecina de Bouwer, Tel: 0351-153 092 539

Raul Montenegro, Biólogo, Presidente de FUNAM, Tel: 03543-422236,  Tel celular:  0351-155 125 637, E-mail:   raulmontenegro@flash.com.ar

Encargada de Prensa: Nayla Azzinnari, Tel: 011-15 5460 9860, E- mail: nay_azz@hotmail.com

Ver fotografías en:

http://bouwersinbasura.blogspot.com/

Según precisa el documento denominado “Notificación de Violación” enviado por la JCA a CEMEX el pasado 10 de febrero, la Cementera es acusada de 14 violaciones al Permiso de Operación Título V, por lo que se expone a miles de dólares en multas y penalidades.

Nube de anomalías

Entre los señalamientos de la JCA se indica que la empresa hizo descargas a la atmósfera en exceso al límite de 10 por ciento de opacidad permitido, en sus chimeneas “Bag House” y “clinker coler”.

El documentó además señala que entre octubre de 2007 y octubre del 2008, CEMEX precalentó en 33 ocasiones el Horno 6, utilizando aceite usado, algo prohibido en la Condición Número 1 de la Modificación del Permiso de Construcción de la Planta. Esta cláusula no permite el uso de este tipo de combustible durante el proceso de inicio y cese de operaciones del horno.

La Perla del Sur intentó obtener una reacción de CEMEX Puerto Rico a través de su oficial de prensa, Rhona Rivera Desiderio, pero la solicitud no fue respondida previo al cierre de edición.

“Nos ha dado la razón”

Al ser abordado sobre el tema, Ángel Lugo Santiago, presidente de Acción Ponceña Comunitaria por un Ambiente Sano (APCAS), destacó que “estos señalamientos ocurren luego de haberse instalados los nuevos filtros”. “Nosotros siempre fuimos firmes en nuestra posición de que esto (filtros) no iba a resolver el problema de polvo fugitivo y de las emisiones de la CEMEX, ya que la planta tiene problemas más graves que no se resolvían con instalar un sistema de filtros para el horno”, continuó. “El tiempo nos ha dado la razón”.

Más señalamientos

Por otra parte, la Notificación de Violación revela que CEMEX se excedió en el uso de combustible líquido en el horno Número 6, por 123,739 galones en el 2007 y 173,068 galones en el 2008.

También se señala el aparente incumplimiento de la Compañía con disposiciones de monitoreo y divulgación de información, requeridos en el Permiso Título V.

Entre estas se señala el no realizar lecturas de opacidad durante 515 ocasiones en el molino de producto final y el incumplimiento de inspecciones visuales mensuales en la trituradora principal, la planta de carbón, las calderas y el molino martillo. Esto durante varios meses entre el 2007 y el 2009.  “Aquí no estamos hablando de una o dos veces. Son 515 veces”, dijo sorprendido el portavoz de APCAS. “Este y otros señalamientos que hay bajo esta Notificación nos hace ver la falta de seriedad y controles que tiene esta compañía, en cuanto al proceso de operación”, continuó.

Reclama el permiso

Ante este cuadro, Lugo Santiago fue más lejos y planteó que le exigirá a la JCA que le retire su endoso a CEMEX para la quema de neumáticos usados, proceso que fue paralizado por el Tribunal de Apelaciones y el cual continúa siendo eje de una batalla legal en ese foro.  “La Junta ha estado abogando por que se permita la quema de gomas, conociendo los problemas que tiene esta Planta y que nosotros nos hemos cansado de mencionar”, criticó.

“La Junta de Calidad Ambiental, a nivel de Junta de Gobierno y el Presidente, tiene que reconsiderar su posición. Sus funcionarios a nivel de campo están haciendo su trabajo de inspección y seguimiento, pero tiene que recapacitar y hacer cumplir su propio reglamento”, concluyó.

También la JCA la señala por no realizar lecturas de opacidad durante 515 ocasiones en el molino de producto final, entre los años 2007 y 2009

Las redes internacionales advirtieron sobre la incapacidad de destruir de manera segura los contaminantes orgánicos persistentes en hornos de cemento que no están diseñados para este fin y sobre la neesidad de dar cumplimiento a las obligaciones de El Salvador en el marco del Convenio de Estocolmo sobre COPs, que identifica a la quema de residuos peligrosos en hornos de cemento como una de las fuentes de mayor potencial para la generación no intencional de contaminantes orgánicos persistentes como las dioxinas y furanos.

Sugirieron al MARN que forme un grupo de interés multi-sectorial con la participación de organizaciones de la sociedad civil, académicos, representantes de la industria y funcionarios de gobierno, para evaluar posibles opciones de tratamiento para los residuos de toxafeno que no tengan el potencial de generar y liberar contaminantes orgánicos persistentes. Y que el grupo trabaje en la elaboración de una política para definir y aplicar las mejores técnicas disponibles para el tratamiento de estos residuos.

GAIA, IPEN y RAPAL señalaron además “creemos que la empresa o asociación de la industria pertinente deberían estar obligados a asumir la responsabilidad de todos los gastos relacionados con el manejo y disposición de los residuos de toxafeno.“

Ver la carta

Contactos en el Salvador:

CESTA

UNES

IPEN

GAIA

RAPAL

“Sabemos que la contaminación en Sonora es mayor, pero aún así, es importante que la autoridad ambiental señale por lo menos cuáles son los planes de remediación de esos 10 lugares contaminados con residuos peligrosos declarados ya hace varios años. Es importante que la comunidad afectada convenga con la autoridad, tiempos, formas de remediación, mecanismos de comunicación, y sobre todo, se busque la reparación del daño ambiental a la salud porque las empresas que contaminan sólo pasan su factura a la sociedad ya que es con los impuestos que se pagan inadecuadas remediaciones que luego se hacen. Es necesario que se aplique el principio de nuestra legislación ambiental, “el que contamina, paga”, y que también se realicen estudios de biomonitoreo en las comunidades afectadas”, agregó Marisa Jacott, de Fronteras Comunes.

En 2009, Fronteras Comunes solicitó a la Semarnat, vía Sistema INFOMEX*, el número y la ubicación exacta de los sitios contaminados con residuos peligrosos en México, para poder realizar un mapeo de las zonas y establecer un seguimiento tanto de las luchas ambientales, así como de datos epidemiológicos en las comunidades afectadas para desarrollar su proyecto México Tóxico**. Si bien dicha información fue negada inicialmente por Semarnat, Fronteras Comunes se inconformó y solicitó un “recurso de revisión” el cuál ganó y Semarnat tuvo que proporcionar la información solicitada, aunque no de manera precisa, es decir, que permitiera a la organización ambiental, poder ubicar la localización de los sitios contaminados.

“De los 8 confinamientos que se tienen en México (2 en uso y 6 autorizados), 2 se encuentran en Sonora -1 en proceso de cierre técnico, Cytrar y otro autorizado, “La Choya”. Las autoridades ambientales han destinado para el estado de Sonora, una concentración del 25 por ciento de la infraestructura para confinar los residuos peligrosos que se generan en todo el país, cuando Sonora no genera ni el 0.25 por ciento de los mismos (se estiman 11 mil toneladas por año ) ¿Por qué?”, declaró Sandra Martínez, Coordinadora Ejecutiva de la Red Fronteriza de Salud y Ambiente.

Así, la problemática ambiental y de contaminación en el estado de Sonora es una bomba de tiempo: 10 sitios reconocidos con pasivos ambientales, arriba señalados, entre los que se encuentra “CYTRAR”, clasificado como “meta presidencial” debido al riesgo que representa para la salud y ambiente de las comunidades; un confinamiento autorizado (La Choya)3 en el Municipio de Plutarco Elías Calles en territorio indígena O’odham; grandes extensiones de tierra contaminadas con plaguicidas; 2 plantas cementeras autorizadas para incinerar residuos peligrosos bajo la modalidad de “reciclaje energético”; 2 plantas autorizadas para de tratamiento para Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI); 2 centrales termoeléctricas con autorización para incinerar residuos peligrosos bajo la autorización de “reciclaje energético”; 1 registro de plan de manejo para grandes generadores de residuos peligrosos; 2 registros de planes de manejo de residuos peligrosos para autoridades municipales; 2 empresas generadoras/poseedoras de Bifenilos Policlorados (BPC´s); esto sin contar los 49 establecimientos industriales de jurisdicción federal que se encuentran en el estado de Sonora y que deben reportar sus vertidos industriales al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), entre las que se encuentran la industria petrolera, petroquímica, química, eléctrica, electrónica, cervecera, generación de energía, celulosa y papel, automotriz, metalúrgica y alimenticia, entre otras.

“Es evidente que una contaminación de la magnitud expuesta, forzosamente impacta negativamente en la salud y el medio ambiente, y más que se trata de una contaminación por residuos peligrosos que data de muchos años, donde la exposición es permanente ya que la mayoría de los residuos peligrosos se encuentran a la intemperie y no han sido limpiados, ni tratados, ni removidos ni controlados. Además de proteger a los contaminadores, la Semarnat niega el derecho que tenemos los ciudadanos a tener acceso a información ambiental necesaria para saber y protegernos”, declaró Azucena Franco de Fronteras Comunes.

DATOS DE CONTACTO: Marisa Jacott, Fronteras Comunes, A.C. cel: 5554558987 mjacott@laneta.apc.org
Sandra Martínez, Red Fronteriza de Salud y Ambiente, A.C. tel: 6622203685. lared@redfronteriza.org

* Órgano de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
** Méxicotóxico surge de la necesidad que tienen las comunidades del país de tener acceso a la información ambiental en materia de contaminación y residuos peligrosos para conocer y revertir el impacto negativo que tiene para la salud y el ambiente, la exposición a sitios contaminados, las emisiones industriales y las tecnologías contaminantes.

Lea también: Por vencer autorización del confinamiento de residuos peligrosos en tierras sagradas de los O´odham.

Fronteras Comunes